Organizaciones sociales y ambientalistas reclaman mayor transparencia en la gestión de la hidrovía y más intervención en una posible nueva licitación.
El 30 de junio, el gobierno nacional anunció que el control y el peaje del Río Paraná quedara cargo de la Administración general de Puertos por un año. Lejos de resolverse, la problemática demanda discusión y disputa ciudadana
La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye una de las reservas hídricas más importantes del planeta, tanto por su diversidad biológica, como por su extensión y gran actividad económica. Su actual licitación instaló en la agenda política y mediática un conflicto socioeconómico y tecnológico-científico que dista de ser novedad. Los impactos ambientales son múltiples: desde aquellos que suceden en el mismo ecosistema del río en su flora y en su fauna a causa de la contaminación de los barcos, de los dragados y sobre-dragados, hasta los daños que se producen por las cargas que se transportan, por la introducción de especies exóticas.
Por otro lado, las costas y las comunidades de la ribera se ven afectadas en su salud, en el paisaje, en su alimentación, en su fuente de trabajo. Y, en relación a los bienes que se transportan –el 80% de las exportaciones de nuestro país-, hay impactos ambientales y sociales por los modos de producción extractivos y contaminantes.
Actualmente es un servicio concesionado de obra pública financiado por el peaje -ingresos con los que mantienen las profundidades necesarias para el correcto y seguro navegar de las embarcaciones y delimitar el canal. El 1 de mayo entró en vigencia la prórroga por 90 días a Hidrovía S.A. -conformada por el grupo belga Jan de Nul y Emepa S.A, holding argentino- que dejaba a este consorcio a cargo de la operatoria de los canales fluviales del río Paraná hasta finales de julio.
Mayor participación y transparencia
Ante la cercanía del vencimiento de dicha concesión, dos son las propuestas que parecen disputarse el futuro de la hidrovía. Por un lado, que se realice una nueva licitación donde otras empresas puedan presentarse y se efectúe nuevas formas de funcionamientos donde el Estado tenga un rol más activo, tanto en la actividad como en su control. Por otro, la creación o fortalecimiento de una institución, ente, empresa estatal para el mantenimiento del tramo correspondiente a la Argentina.
Sin embargo, existen muchos intereses en juego y el panorama se dificulta por la imprevisión política. El Consejo Federal de la Hidrovía no ha vuelto a reunirse, la Comisión Bicameral Permanente aún no se ha constituido y hay diferentes posiciones dentro del gobierno mismo en sus distintos funcionarios, aunque tanto el Presidente como el Ministro de Transporte se han inclinado por la continuación de la concesión en manos privadas.
En ese marco, más de 50 organizaciones sociales y ambientalistas critican los procesos de planificación de infraestructuras asociadas a los modelos extractivistas y solicitan mayor transparencia en el tratado de la problemática. Presentaron un documento con propuestas dirigidas a las Comisiones Ambiental, de Planificación Estratégica y Económica, y de Obras e Infraestructura del Consejo Federal de la Hidrovía (CFH). Impactos ambientales y socio-culturales posibles, la preocupación por la falta de acceso a la información pública ambiental y la ausencia de espacios de participación ciudadana, son algunas de las cuestiones planteadas.
Sus propuestas se basan en un análisis de las notables falencias identificadas en los últimos 25 años en la concesión de obras de dragado y balizamiento del tramo argentino del río Paraná y río de la Plata (Confluencia-Océano). Algunas de ellas son: déficit en la publicidad de la información ambiental; planificación, ejecución y monitoreo de Estudios y Evaluaciones de Impacto Ambiental acotados y sesgados; ausencia de canales de participación ciudadana; y mecanismos de monitoreo y control de la concesión insuficientes.
Fundación CAUCE
La Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista viene trabajando hace varios años, junto con otras organizaciones, comunidades e instituciones, desde el Programa Humedales sin Fronteras y otros proyectos, monitoreando el desarrollo de la Hidrovía y las opciones posibles al momento de su vencimiento a través de diálogos con autoridades, envío de notas a autoridades nacionales requiriendo la atención en determinados temas, solicitando acceso a la información pública ambiental y realizando informes y redactando documentos.
CAUCE continúa monitoreando y estudiando lo que puede ser un nuevo proceso de licitación internacional o estatización de la Hidrovía. A la vez que participan de talleres, encuentros, entrevistas radiales, siempre trabajando el tema desde la incidencia política y jurídica haciendo uso de las herramientas de la democracia ambiental. Asimismo, en 2021 la organización fue invitada a formar parte del CFH y presentó junto a otras organizaciones (las cuales adhirieron a la Propuesta mencionada).
De acuerdo con su Directora Ejecutiva, Valeria Inés Enderle, lo que está sucediendo con la Hidrovía “claramente no es lo que se pide desde la sociedad que reclama información y participación ciudadana a través de una consulta pública y la intención de recuperación de la soberanía sobre los ríos y los territorios”.
La Abogada y Magister en Derecho Ambiental y Urbanismo sostiene que, desde una perspectiva tradicional, la ciencia trabaja con conocimientos objetivos y determinados a partir de un método específico al objeto de estudio cuyos resultados son sistematizados de diferentes maneras. “Sin embargo, hoy la ciencia no otorga respuestas únicas y los avances no siempre significan mejoras en la calidad de vida y la salud de las personas. En muchas ocasiones, algunos avances científicos van en total desmedro de las dinámicas de los ecosistemas que, en definitiva, afectan nuestra vida, calidad alimentaria y salud física y mental”.
“Las cuestiones conceptuales-científicas se adaptan en los diálogos, en los documentos, en los informes para tratar de hacer más accesible la información a toda la ciudadanía y que pueda ser comprendida por la mayor cantidad de personas posibles. Esto permite la apropiación de esos conceptos, lo que deriva en una real participación ciudadana en las decisiones sobre los territorios por parte de las comunidades”, asegura.