El proyecto de Ley de Salario Básico Universal (SBU) generó un amplio debate durante los últimos meses. La medida apunta a restituir derechos, se plantea terminar con la indigencia y pone sobre el tablero el trabajo de la economía popular, las tareas de cuidado y la brecha de género.
La propuesta legislativa fue presentada al Congreso por diputados y diputadas del Frente Patria Grande en mayo, y su elaboración contó con un significativo apoyo de los movimientos populares. Viviana Verbawede, docente de la Facultad de Trabajo Social y doctora en Ciencias Sociales, aportó dimensiones para reflexionar en torno al tema.
La especialista explicó que se trata de “una política pública de transferencia de ingresos, en términos de acceso al derecho”. Permite complementar la suma de dinero que reciben algunos sectores de la economía popular −mal llamada informal− como contraprestación de las tareas que desarrollan, en tanto “trabajadores que aportan a la construcción de la economía pero sus ingresos no permiten alcanzar los mínimos básicos de subsistencia”, detalló.
La iniciativa aspira alcanzar a más de siete millones de personas a través de un salario que representa un porcentaje del costo actual de la canasta alimentaria. “Estamos transitando una significativa inflación, los ingresos no están alcanzando a grandes grupos poblacionales para cubrir sus necesidades básicas. Si se compara la canasta básica, es evidente la brecha entre los salarios y los precios”, sostuvo.
Si bien la medida apunta a eliminar la indigencia, la docente aclaró que no procura transformar las condiciones estructurales. “Responde a la emergencia de paliar un déficit de ingresos, lo que muchas veces posibilita en alguna medida una mejoría en la calidad de vida”. En ese sentido, remarcó que una modificación estructural “demanda una reforma de los modos de acumulación o producción de determinados países”.
Verbawede, que también es trabajadora Social y magíster en Ciencia Política y Sociológica, relató que en la década del 90 este tipo de programas “cobró cierta relevancia en Argentina y en América Latina”. Uno de sus antecedentes, comentó, fue el Ingreso Universal -en algunos países europeos, Renta Básica− que también circuló como Ingreso Ciudadano hace algunos años en nuestro país”.
Un campo de disputa de sentidos
La medida “tiene resistencias de algunos sectores”, comentó la especialista. Por un lado, de quienes sostienen que “no hay posibilidades para brindar este ingreso en términos presupuestarios”. Al respecto, la docente analizó que “si no hay una reforma tributaria, lógicamente es muy difícil poder implementarlo”.
Por otro lado, se suma una disputa conceptual: “Escuché en un medio de comunicación que decían ‘salario es de aquel que trabaja’ y por consiguiente no se debería llamar así al programa”, comentó. En ese sentido, enfatizó en que “cada ciudadano realiza un montón de prácticas que el mercado puede considerar remuneradas o no. Ahí estaría ubicado un importante sector que dinamiza la economía argentina y es parte de ella, pero de manera subregistrada o no registrada”. A propósito, mencionó que el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep) busca que se inscriba a todas las personas que producen, aunque no de las formas tradicionales, registrados, con aportes y con protección social.
Revertir las desigualdades de género
Según la docente, investigaciones del Observatorio de Género de Política Sociales “muestran que la población femenina y el grupo LGTBQ+ tiene mayores dificultades para la inserción laboral y, por consiguiente, de acceder a un ingreso. Ocupan mayores niveles de desocupación y pobreza”. Asimismo, remarcó que “el trabajo femenino y de baja calificación es el peor remunerado”. De esa forma, “la posibilidad de acceder a un SBU les permitiría mejorar sus condiciones de vida”.
Los trabajos de cuidado son otro aspecto que el proyecto de ley pone sobre la mesa. “Tradicionalmente, son tareas feminizadas. Las estadísticas muestran que las mujeres dedican el doble de horas al cuidado familiar, en comparación con los hombres”. Además, explicó que “muchas mujeres realizan tareas de cuidados en diferentes centros comunitarios, comedores, asociaciones, y garantizan muchas veces el acceso a determinados derechos de otros ciudadanos”.
En tal contexto, la forma en que se nombra a la política define su marco simbólico. “Comparto la idea de que se llame salario, porque marca justamente que quienes lo reciben aportan a la economía, aportan al país y a la producción, a través de los trabajos que realizan dentro de la economía popular”, expresó Verbawede.
Fuente: UNER medios