Durante la última dictadura cívico-militar el sistema educativo y científico sufrió graves ataques, cercenamientos y expulsiones que resultaron en la desaparición de docentes y estudiantes, la fuga de cerebros y la intervención de universidades e institutos de investigación.
El 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que conmemora a las víctimas de la última dictadura cívico-militar que azotó al país desde 1976 hasta 1983. La fecha busca recuperar la memoria y generar conciencia colectiva para que los golpes de Estado y las violaciones de derechos humanos no se repitan «nunca más» y sus autores sean enjuiciados y castigados. Para ello en las escuelas se trabaja desde un enfoque que contempla el terrorismo de Estado, los derechos humanos y su relación con la construcción de una ciudadanía democrática en las aulas.
La construcción de Memoria, basada en la Verdad y la Justicia como principios ético-políticos, educativos y sociales resulta fundamental para el desarrollo de un pensamiento crítico y comprometido. En ese marco, las universidades y las instituciones de ciencia y tecnología son un espacio primordial de ejercicio democrático a través de ámbitos de participación y debate, educación y producción que abonan a la comprensión histórica de la realidad nacional.
En esta nota se repasan algunas de los hechos ocurridos durante aquel periodo oscuro de la Argentina, especialmente en lo referido a la persecución, censura y desapariciones que sufrieron los docentes y las instituciones educativas de la región litoral.
Espías e infiltrados en la UNL
La Doctora en Historia, Virginia Pisarello, dialogó con Ideas del Litoral sobre las experiencias de prohibición, censura y persecución en el sistema científico-tecnológico y educativo en la ciudad de Santa Fe: “El campo educativo fue muy tempranamente intervenido por las autoridades militares, incluso antes de la consumación misma del golpe de estado de 1976. En el año 1975 se llevó a cabo la llamada Misión Ivanissevich, a través de la cual fueron cesanteados centenares de docentes”.
En el caso de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en ese mismo año no se les renovó el contrato a muchos docentes: “entre ellos, Nelida Diburzi, Griselda Tessio y muchas otras profesoras que fueron consideradas, por motivos muy diversos, subversivas por las autoridades de aquel entonces”, agregó Pisarello.
En ese mismo contexto, el aparato represivo se metió en las facultades. En el entonces Instituto Superior del Profesorado –hoy la Facultad de Humanidades y Ciencias–, una “patota” ingresó por bedelía y desempeñaron funciones siniestras desde el cuerpo de preceptores. Ello impactó también en la Escuela Industrial Superior –escuela dependiente de la UNL–, institución que ya en 1975 fue blanco de la represión. Incluso uno de los directores de esa escuela, Alberto Barber, continúa desaparecido, así como muchos estudiantes y docentes.
Por su parte, Natalia García, Doctora en Educación, publicó el libro La educación clandestina. Espiar, colaborar y depurar (Santa Fe, 1966-1983), que narra y analiza cómo fue el circuito de relaciones al interior de las escuelas en la Provincia de Santa Fe. Para ello recuperó expedientes de inteligencia –conservados en el archivo de la memoria de Santa Fe– que habían sido elaborado para perseguir a distintos docentes. También recabó testimonios y narraciones de los actos realizados por el personal directivo de las instituciones, docentes y estudiantes.
Persecuciones y desapariciones en Entre Ríos
La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) está compuesta por Facultades con una tradición vinculada a la recuperación de las memorias sociales sobre el terrorismo de estado en contextos situados y en el campo de los Derechos Humanos.
Por ejemplo, en esta Universidad, Derechos Humanos es una asignatura obligatoria en todas las ofertas académicas. “Ello obedece a luchas que nos precedieron, porque esos resultados lo lograron aquellos docentes que en la década de los 90 instalar en las aulas de los institutos terciarios entrerrianos derechos humanos como una materia obligatoria”, explicó Pisarello.
Asimismo, actualmente junto a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), realizaron un proyecto de investigación sobre los espacios de memorias en las capitales provinciales de Córdoba y Paraná. Buscan recuperar las memorias sobre lugares emblemáticos de la represión de las dos ciudades. “Es cierto que las memorias ya circulan, sin embargo, muchas veces lo hacen en espacios muy cerrados o dentro del ámbito de lo privado. Nuestro objetivo es ampliar el horizonte. Poner en valor las memorias y facilitar la posibilidad de que circulen dentro la esfera pública. Lograr que estas memorias puedan inscribirse en los espacios y que a su vez trasciendan los recuerdos de los sobrevivientes y lleguen a las nuevas generaciones. Ha sido un desafío y creemos que el mapa que hemos elaborado puede llegar a eso”, explicó Pisarello.
En el proyecto participan estudiantes, docentes y miembros de la Asociación Civil La Solapa. La elaboración del mapa estuvo a cargo de Aldana Venacio, Emanuel Schonfeld y Micaela Milano, estudiantes de los profesorados en Lengua y Literatura y en Geografía.
Por su parte, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Agencia Radiofónica de Comunicación produjo un repaso por los 100 años de la institución donde se relatan los hechos ocurridos en aquel periodo trágico: se intervino la Facultad, se desplazó a la Decana, se cesantearon docentes, se desapareció y asesinó a estudiantes y se modificaron los contenidos y planes de estudio.
Recorridos, políticas y agendas de investigación represivas
Las Universidades Nacionales sufrieron la persecución a sus estudiantes, docentes y científicos durante la última dictadura. Sin embargo, la producción de ciencia y tecnología durante ese periodo no ha sido una temática abordada en profundidad en los trabajos del campo estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad (CTS). Y tampoco la historiografía ha explorado de forma sistemática la situación de las comunidades académicas ni el impacto de la introducción de mecanismos represivos en los ámbitos de investigación.
Aunque vale destacar el libro Ciencia en dictadura: trayectorias, agendas de investigación y políticas represivas en Argentina, de la Doctora en Historia Cecilia Gárgano, donde se compilan diversos estudios de caso que abordan cómo impactaron las políticas de terrorismo de Estado sobre las instituciones de ciencia y tecnología.
Los distintos capítulos del libro analizan casos desde miradas diversas y buscan generar nuevos cuestionamientos que contribuyan a profundizar y ampliar esta incipiente línea de investigación. Se preguntan por la estructuración de políticas científicas, la puesta en marcha de ciclos represivos y la reorganización de agendas de investigación.
Describen cómo el comienzo de la última dictadura militar produjo un fuerte impacto en los ámbitos de investigación. Los organismos fueron intervenidos y puestos a disposición de las distintas fuerzas, que se repartieron su administración. La introducción de mecanismos represivos contó con elementos comunes: implementación de cesantías, desmantelamiento de equipos e interrupción de líneas de investigación, detenciones, persecución ideológica y secuestros en los lugares de trabajo.
Por ello, a poco de cumplir 40 años de la vuelta a la Democracia, “podemos preguntarnos cómo fue la salida de la dictadura, como fue puesta en jaque la educación cuando salimos de la dictadura en los tempranos 80, inicios de los 90. Cómo distintas respuestas del cuerpo social y del campo educativo en particular permitieron que se dieran avances decisivos. Avances que cimentaron una serie de políticas que se transformaron en políticas institucionales que existen hasta el día de hoy”, concluyó Virginia Pisarello.