Especialistas del Instituto de Investigaciones Sociales de Entre Ríos llevan adelante un proyecto para proteger los bienes culturales de la provincia. Analizar leyes, visitar los territorios e interactuar con actores culturales fueron algunos de los ejes del trabajo.
“Mi interés particular es la participación ciudadana en áreas declaradas patrimonio cultural y natural” indicó la directora del proyecto, cuyo objetivo es la protección del patrimonio de la provincia de Entre Ríos. Abogada y doctora en Derecho, el trabajo de Norma Levrand se vincula con la regulación socio-jurídica del patrimonio cultural y del ambiente a nivel internacional, nacional y sub-nacional. Desde 2019 es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (INES-Conicet-UNER) y su proyecto de investigación (PICT SERIE A 02388) fue seleccionado por la Agencia I+D+I en el marco de la convocatoria PICT-2020.
Los PICT son proyectos de investigación científica y tecnológica cuya condición es ser presentado por un grupo responsable de investigadores altamente calificados o Investigadores en su etapa inicial, ya sea en temas abiertos o en áreas científicas consolidadas internacionalmente. En la última convocatoria, el proyecto coordinado por Levrand fue uno de los siete seleccionados. “Me pareció interesante poder plasmar algo más específico acerca del patrimonio cultural en Entre Ríos”, señaló Levrand a Argentina Investiga. En los últimos años, se han promulgado varias leyes provinciales de protección del patrimonio cultural, como la ley de Artesanías, la ley de Tradiciones de Entre Ríos, y la ley de Patrimonio Cultural Provincial Material e Inmaterial de Entre Ríos (ley 10911). “Un conjunto de normas que cuenta con su reglamentación y legislan en este campo que no contaba hasta hace poco tiempo con un desarrollo legislativo”, detalló.
En la ciudadanía se dio una activación del área a partir de la creación del Consejo Provincial de Cultura, que se conformó en 2020 por medio de un decreto y en la actualidad se encuentra en tratamiento legislativo. Además, gestores culturales de Entre Ríos que pertenecen a distintas localidades –muchos de ellos se desempeñan en el área de cultura de los municipios o administrando museos– formaron en 2018 una red de cultura y patrimonio de Entre Ríos llamada Recuperar. “Por todo esto se da un incremento legislativo y una movilización en la temática que me parece interesante analizar”, destacó.
Metodología
Como metodología de análisis, la investigadora plantea trabajar sobre las normas jurídicas aprobadas en estos últimos años teniendo en cuenta que recaen sobre bienes que pertenecen a distintas jurisdicciones. “Por ejemplo, un monumento puede estar declarado monumento histórico nacional pero también debe cumplir con la ley provincial, entonces hay un análisis de las leyes pero también de las políticas culturales que implementa la provincia a través de la Secretaría de Cultura. Para el recorte de este estudio incluí las ciudades cabecera de departamento, para analizar también lo que se realiza en territorio” indicó la especialista.
Levrand propone “no sólo analizar las leyes, sino realizar entrevistas a los responsables de las áreas de cultura para dar cuenta de la situación territorial que se vive en torno al patrimonio. También incluir de alguna manera un área muy nueva en desarrollo ligada al patrimonio inmaterial como rituales, festividades, tradiciones orales, modos de hacer, técnicas artesanales, que corresponden al patrimonio inmaterial”.
Controversias y tensiones acerca de la gestión del patrimonio
La problemática plantea controversias jurídicas o tensiones en la forma de gestionar los inmuebles, y la investigadora da cuenta de la incertidumbre acerca de quién debe ejercer el cuidado. “En Entre Ríos hay muchos inmuebles declarados patrimonio histórico y la preservación de estos bienes debe tramitarse a través de la Comisión Nacional de Monumentos. Existe un contralor de Nación, y también la Secretaría de Cultura realiza algunas acciones como disponer fondos para esos inmuebles y a veces están en poder de los municipios, que son quienes los ejecutan. En cuestión de distribución de competencias, la legislación no es tan clara y suele generar tensiones interjurisdiccionales. Sobre este punto, este proyecto recién se inicia pero por estudios de otros casos ocurren diversas situaciones: como todos tienen injerencia nadie actúa, o la actuación de uno de los niveles estatales genera problemáticas con la Comisión Nacional de Monumentos, que luego dictamina que las intervenciones no han sido acordes con los criterios de la propia Comisión”, explicó. “Hay diversas situaciones y generalmente quienes más están interesados en la conservación de esos bienes –las poblaciones locales, las personas que valoran, utilizan y dan vida a esos inmuebles– ven que cuestiones burocráticas impiden su correcta preservación”.
La nueva Constitución provincial de 2008 y su aporte a la temática
De acuerdo a lo señalado por la investigadora, en su artículo 26 la nueva Constitución entrerriana establece que el Estado va a garantizar el derecho a la cultura e incluye la protección de bienes culturales, el patrimonio tangible e intangible, arquitectónico y paisajístico, y establece un financiamiento del Estado para poder garantizar este derecho.
Pero la propia Constitución, al reconocer la autonomía de los municipios, les reconoce la facultad de preservar el patrimonio histórico cultural, artístico, arquitectónico, produciendo una duplicidad de las funciones en la propia Constitución provincial.
Destinatarios previstos
El principal destinatario son los organismos del Estado. En Entre Ríos no hay investigaciones en esta área y es un ámbito donde se puede ofrecer ciertas herramientas teóricas, incluso prácticas para los órganos de gobierno de la provincia y los municipios para que puedan elaborar planes y políticas públicas en torno al patrimonio cultural. También el proyecto prevé elaborar algunas piezas comunicacionales acerca de las producciones del proyecto para divulgación y que pueden servir de insumo en diversas áreas.
Colaboran con la investigación el doctor Gonzalo Andrés, del Instituto de Estudios Sociales; el magíster Claudio Staffolani (UNR); María Elena Cook (UADER); Mariángeles Metivié (UADER) y la becaria de Conicet Maia del Rosario Rodríguez.
Fuente: Argentina Investiga