Estamos inundados de contenidos generados con inteligencia artificial, noticias falsas y datos que generan confusión. Discernir entre lo falso y lo verdadero requiere de herramientas, pensamiento crítico y, principalmente, de un sistema robusto que produzca conocimiento veraz: el sistema científico. Hoy, ese pilar fundamental en la lucha contra la desinformación y para el diseño de políticas públicas sufre la crisis más profunda de las últimas décadas.
La crisis del sistema científico, tecnológico y educativo
El sistema científico-tecnológico argentino vive tiempos particularmente negativos. Las decisiones del gobierno nacional han generado una profunda crisis en el sector. El desfinanciamiento y la falta de políticas concretas complican el futuro de la comunidad académica y científica nacional.
En el ámbito universitario, la situación es muy compleja. Los salarios del personal permanecen congelados, sin paritarias y sin nuevas contrataciones, lo que limita la capacidad de atender el incremento de estudiantes y actividades académicas.
“Las condiciones precarias a las que fue sometido el sistema universitario y científico nacional a lo largo del 2024 se profundizaron en los primeros meses de este nuevo año. Por segundo año no tenemos presupuesto aprobado y eso nunca es una buena noticia para el sistema universitario. Cuando el presupuesto lo resuelve el Congreso Nacional, independientemente de la valoración que se hiciera de su impacto, hay transparencia y previsibilidad y, por lo tanto, es posible planificar las acciones y el desarrollo de nuestras instituciones. Cuando se prorroga hay incertidumbre y discrecionalidad que obtura la planificación” Consejo Interuniversitario Nacional.
No hay recursos para equipamiento, infraestructura y convocatorias, tampoco para producir ciencia y conocimiento aplicado. Proyectos y líneas de investigación y desarrollo tecnológico fueron discontinuadas y no hay política científica y los recursos humanos formados por la nación empiezan a perderse.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) atraviesa posiblemente la crisis presupuestaria más profunda de su historia reciente. Un recorte del 37% respecto a 2023 ha desencadenado despidos, la interrupción de carreras de investigación y la discontinuidad de las convocatorias.
Los investigadores enfrentan una realidad de pocos recursos y ello intensificó un proceso de fuga de cerebros. Este escenario no solo afecta a investigadores individuales, sino que compromete la continuidad de líneas de investigación cruciales y la formación de nuevos científicos.
Según el Grupo EPC del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), se proyecta que la inversión estatal en el sector caiga en 2025 al 0,15% del PIB, un nivel sin precedentes, inferior incluso al de la crisis de 2002.
El problema de la desinformación, infodemia y el uso de la IA
En este contexto de vaciamiento de las capacidades estatales para producir saberes experto y validado, el problema de la desinformación se agrava. La infodemia –la sobreabundancia de información falsa o inexacta– crece en un contexto de debilitación de las instituciones dedicadas a la verificación y al conocimiento riguroso.
Según el estudio de Milillo y Pastorini, los jóvenes se informan principalmente a través de redes sociales, la televisión y sus grupos de familia o amigos. Más de la mitad no distingue entre una noticia falsa y una real.
En este marco, las redes sociales cumplen una doble función: la de comunicación entre pares y la de acceso a la información. Si bien ofrecen la posibilidad del encuentro virtual y la información instantánea, su uso y abuso nos enfrentan a la desinformación, la ansiedad y síntomas ligados a la depresión y al estrés.
Si bien algunas plataformas han implementado medidas para limitar la difusión de noticias falsas -como restringir los reenvíos masivos- estas acciones no alcanzan.
La educación en el pensamiento crítico y la alfabetización mediática se vuelven herramientas fundamentales para una ciudadanía que pueda discernir por sí misma.
Políticas para la ciencia y ciencia para la política
Frente a las sucesivas denuncias al gobierno nacional por corrupción y la desinformación sobre medidas implementadas para mejorar la situación del sector, la ciencia no solo tiene respuestas técnicas, sino también preguntas: ¿Dónde están los 54 millones de dólares del BID para proyectos de investigación? ¿Por qué se elige desfinanciar un sistema que es una de las principales herramientas para discernir entre lo intencionalmente falso de lo argumentado verdadero?
La Argentina debe potenciar sus políticas de ciencia no solo para ser una punta de lanza tecnológica a nivel regional, sino para mejorar las condiciones de vida de toda la ciudadanía argentina.
Esto implica entender que se necesitan políticas para la ciencia y, principalmente, ciencia para la política. El sistema científico-tecnológico tiene respuestas a los problemas complejos de la Argentina, su objetivo es estudiarlos y buscar soluciones desde las más diversas perspectivas y rigurosas metodologías.
El pensamiento latinoamericano: ciencia con mirada propia
La relación entre ciencia, tecnología y poder fue ampliamente analizada por teóricos latinoamericanos. Amílcar Herrera propuso construir una política científica al servicio de la transformación social de América Latina. Distinguió entre la política explícita (leyes y reglamentos) y la política implícita, esa que expresa la verdadera demanda científica del «proyecto nacional». Decía que, sin correlato entre ambas, la política científica es una mera declaración vacía.
Óscar Varsavsky aseguraba que transformar el sistema dependía de científicos que, actuando como militantes políticos, se dedicaran a cambiar el sistema social mediante el trabajo interdisciplinario para abordar los problemas de la región. Así lo hizo Sara Rietti, expresando con su trabajo la inseparable interrelación entre investigación y política y la necesidad de un activismo que ocupe gran parte del tiempo de trabajo y del talento intelectual.
También Jorge Sábato y Natalio Botana remarcaron la necesidad de una interacción efectiva entre el gobierno, la infraestructura científico-tecnológica y las empresas para transferir el conocimiento al sistema productivo, entendiendo los diversos valores y necesidades de la sociedad.
Este legado teórico demuestra que toda política científica debe buscar ampliar el poder científico: la capacidad de generar saberes y formar profesionales, técnicos y ciudadanos sin restricciones.
Pero también la capacidad de transformación social depende de la profundidad de los conocimientos producidos, por ello es necesaria una gestión que equilibre la producción de saberes con el crecimiento del sistema.
La educación y la ciencia son claves para el desarrollo social y el crecimiento nacional. Son derechos humanos esenciales que posibilitan formar una ciudadanía crítica, mejorar la calidad de vida y resolver problemas complejos. Constituyen una inversión estratégica y no un gasto.
Frente a las políticas de vaciamiento y desmantelamiento, que reducen la inversión científica a una simple ecuación presupuestaria, es indispensable reafirmar la democratización del saber como un derecho ciudadano y un compromiso ético con el futuro.
La producción de conocimiento científico es el pilar fundamental de la soberanía nacional, un proyecto colectivo que debe construirse con perspectiva federal y para la transformación social. En la era de la posverdad, defender la ciencia es poder decir con fundamentos: «eso no es cierto».