Reforma judicial: un debate impostergable
Investigadores del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Latinoamericanos de la Facultad de Derecho impulsan la modernización de las legislaciones actuales.
El sistema republicano consagrado por la Constitución Nacional establece la división de poderes como uno de sus pilares, asignando al Poder Judicial de la Nación un rol central en la preservación de la paz social, la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, distintos estudios dan cuenta de una profunda crisis de legitimidad en torno a su funcionamiento. En ese escenario, miembros del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Latinoamericanos, perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, impulsan el debate sobre una posible reforma judicial en Argentina, que sea más democrática y que se adapte a los tiempos actuales.
El proyecto, desarrollado en el marco de la convocatoria ACRE 2024/2027, está integrado por Marcelo Maisonnave, Constanza Estepa, Sebastián Vignoles y Rodrigo Rossi. “En Argentina existe una crisis del Estado de Derecho y del funcionamiento de las instituciones, pero también de los objetivos que se buscaban con la reforma constitucional de 1994. Más de 30 años después, creemos necesario hacer un balance crítico de qué está fallando dentro de nuestro sistema político y constitucional”, explicó Maisonnave, docente de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho.
Las mediciones de confianza refuerzan ese diagnóstico. Un estudio de la consultora Isonomía realizado en 2021 indicó que solo dos de cada diez personas manifestaban algún grado de confianza en el sistema judicial, mientras que el 86 % tenía una imagen negativa de los jueces. En la misma línea, el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, arrojó en noviembre de 2023 un puntaje de 47,5 sobre 100, con una marcada brecha entre la predisposición a acudir a la Justicia y la confianza en su honestidad e imparcialidad.
La investigación analiza distintas propuestas de reforma debatidas en los ámbitos académico, político y judicial, con el objetivo de aportar una mirada federal y basada en derechos humanos. En ese marco, Maisonnave recordó que durante el gobierno de Alberto Fernández funcionó una comisión que elaboró un extenso informe sobre reforma judicial, hoy relegado. “Recuperar esas discusiones puede ser el puntapié inicial para avanzar en consensos”, sostuvo.
La crisis, advierten, atraviesa todos los niveles del sistema. La Corte Suprema de Justicia de la Nación funciona desde hace años con vacantes sin cubrir, una situación que se replica en otros cargos clave, como el Defensor del Pueblo o el Procurador General. “De hecho, una gran parte de los juzgados federales están vacantes. Advertimos también un empoderamiento excesivo de los juzgados federales de Buenos Aires, particularmente los de Comodoro Py, que son apenas doce, con varias vacantes y jueces subrogantes, pero que concentran un poder desmedido para el equilibrio de poderes en la Argentina, especialmente en causas de contenido político”.
Parte de la crisis institucional que detectan los investigadores se vincula con lo que en términos jurídicos se llama lawfare, es decir, con la persecución judicial y el uso arbitrario de la justicia con fines políticos, “una práctica que creemos ha caracterizado a la Argentina en la última década, sobre todo desde 2015 en adelante”.
El investigador destacó que existe un consenso amplio en el mundo jurídico sobre el abuso y el fracaso de numerosas instituciones del proceso judicial, lo que ha roto acuerdos básicos en materia de política judicial. “Lamentablemente, la Corte Suprema ha acompañado este tipo de procesos. Lo mismo puede observarse en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, otro eje central de nuestra investigación: una institución creada en la reforma constitucional de 1994 que nunca logró funcionar como debería. Incluso quienes se benefician de su actual diseño coinciden en que no funciona. La declaración de inconstitucionalidad de la ley de 2006, casi quince años después, y la reposición de una norma derogada por parte de la Corte, son ejemplos de situaciones muy desprolijas que ponen en crisis todo aquello que enseñamos en la Facultad”, acotó Maisonnave.
Estepa, por su parte, resaltó el rol relevante que tiene el Consejo de la Magistratura dentro del poder judicial, ya que es el encargado de seleccionar, designar y remover jueces y fiscales, administrar el presupuesto del Poder Judicial, y dictar reglamentos para asegurar la independencia judicial y la calidad de la justicia. “Nos parece problemático que abogados y jueces se elijan entre sí para ocupar cargos relevantes en el Consejo de la Magistratura. Es una lógica excesivamente corporativa, que no se justifica ni desde lo democrático ni desde lo técnico. Además, gran parte de su funcionamiento se rige por resoluciones propias y no por la ley o la Constitución, lo que genera estructuras que tienden a enquistarse”.
La investigadora explicó que este órgano administra sus recursos en base a su propia discrecionalidad y que tiene muy poco control. “En el Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo existe una transparencia mínima. Dentro de lo que es el Poder Judicial es muy difícil encontrar una transparencia en lo que es la administración de recursos. Nos parece fundamental poner en debate la temporalidad de los cargos, sobre todo en loss altos tribunales, porque permitiría una renovación, una nueva legitimidad y poder hacer algo más por la paridad de género”, comentó Constanza, a lo que Maisonnave agregó: “En la Corte Argentina, en toda su historia, hubo solamente tres juezas mujeres en un total de más de cien jueces. Incluso, la última vez el Poder Ejecutivo propuso a dos hombres para integrar la Corte Suprema de Justicia, designaciones que finalmente no fueron validadas por el Senado de la Nación. Esto muestra el nivel (por momentos muy básico) de las discusiones que seguimos teniendo, como la incorporación de mujeres, una perspectiva más amplia de acceso a la justicia y mayores estándares de transparencia”.
Antecedentes que generan expectativa
El equipo de investigación pone especial atención en lo que está ocurriendo en México, donde se ha impulsado una reforma judicial basada en el principio de soberanía popular, la recuperación de la legitimidad y el fortalecimiento de la democracia judicial. “Se trata de una iniciativa inédita en un país de esa envergadura, que propone la elección popular de todos los jueces federales, desde la Corte Suprema hasta los cargos inferiores, constituyendo un verdadero hito en la historia de las democracias modernas”, opinó Maisonnave.
Uno de los principales ejes de legitimidad estuvo vinculado a la demanda social de mayor austeridad en el manejo de los recursos por parte de jueces y juezas. Esa exigencia se tradujo en un mayor control ciudadano sobre el Estado, que no se limita únicamente a los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino que alcanza también a la forma en que los magistrados administran los fondos públicos. “En ese marco, comenzaron a transparentarse gastos vinculados a alquileres, choferes, asesorías de alto costo, servicios de catering y otros rubros que poco tenían que ver con el funcionamiento esencial de la Justicia, y que hoy se encuentran bajo un seguimiento más estricto, lo que ha incrementado la participación ciudadana en los mecanismos de control”, comentó Estepa.
Desde esta perspectiva, la reforma abre además un debate de fondo sobre la igualdad y el rol institucional de jueces y juezas, entendidos como servidores públicos. “Se considera necesario construir una nueva narrativa que acerque a la ciudadanía al sistema judicial, promoviendo un mayor contacto de los magistrados con la vida cotidiana de las personas. De lo contrario, advierten, la Justicia corre el riesgo de seguir funcionando de manera desconectada de la realidad social a la que debe servir”, destacó la abogada.
Si bien reconocen que un esquema de ese tipo hoy resulta utópico para la Argentina, los investigadores consideran necesario abrir el debate sobre cómo otorgar mayor legitimidad democrática al Poder Judicial, en particular a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya renovación consideran inevitable en el mediano plazo. En ese sentido, plantean la necesidad de ampliar su integración, superando el actual número de cinco miembros. “El jurista Raúl Zaffaroni, por ejemplo, ha propuesto una Corte de 25 integrantes, mientras que en el Senado se llegó a debatir un consenso en torno a 16. Modelos similares se observan en tribunales de Europa y América Latina, con cortes más amplias, divididas en salas especializadas y con cargos renovables, como ocurre en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, repasó el profesor Maisonnave.
“Si alguien lee la Constitución hoy, en lo que es el funcionamiento del Poder Judicial, gran parte de lo que está escrito no funciona. Nos parece que de esa crisis evidentemente hay que reconstruir un consenso, y entendemos que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario sí o sí tiene que participar de esa discusión, poniendo el eje en cómo democratizar y brindar mayor transparencia para que la ciudadanía también acceda a ese conocimiento y le otorgue legitimidad y confianza”.
Periodista: Gonzalo J. García / Fotógrafa: Camila Casero.
Fuente: Universidad Nacional de Rosario
