La Dra. Dora Barrancos dio inicio al ciclo organizado por el Area de Género y Sexualidades de la UNR en torno a la organización social del cuidado.
El 70% de los padres separados no cumple con la cuota alimentaria para sus hijos, de acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ante este problema muchas madres enfrentan largos procesos judiciales sin garantías efectivas de cobro, lo que vulnera el derecho básico a la alimentación de niños, niñas y adolescentes. Según datos de UNICEF, el 68% de los hogares monoparentales están bajo la línea de pobreza y el 23 % bajo la línea de indigencia porque no pueden cumplir con la canasta básica alimentaria.
La obligación de dar alimentos a los hijos establecida por el Código Civil y Comercial, incluye todo lo que necesitan: educarse, vestirse, tener un lugar donde vivir, salud, entretenimiento y para que tengan un oficio o profesión. La regla es que ambos progenitores tienen este deber hasta que el hijo cumpla 21 años, o hasta los 25 si continúa estudiando o capacitándose para un oficio o arte y no puede mantenerse solo.
El incumplimiento de esta responsabilidad parental implica una forma de violencia económica y simbólica directa ejercida contra las madres que son quienes, por abrumadora mayoría, se hacen cargo de las tareas de cuidado con mucha mayor carga horaria y de responsabilidades.
A esto se suma que el Estado interviene de forma desarticulada, ineficaz y revictimizante, con tiempos y mecanismos que no garantizan el cumplimiento del derecho básico El primer gran problema que tienen las mujeres es el acceso a la justicia con procesos que no pueden pagar y demoras que hacen muy difícil sostener un juicio. El segundo es la ejecución del pago, porque no se cumple aun cuando hay sentencia.
Por esa razón, desde finales de la década del ‘90 se fueron implementado en todo el país los registros de deudores alimentarios que se aplican cuando ya finalizó el juicio pero no se cumple con la sentencia y no hay pago. La provincia de Santa Fe cuenta con un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, que impide a quienes figuran en él realizar trámites como obtener licencias de conducir o participar en licitaciones estatales, no obstante el cumplimiento de estas medidas no está garantizado ni controlado.
En los últimos tiempos se registraron algunos fallos judiciales que buscan sancionar esas actitudes y, al mismo tiempo, se generó un debate que llevó a impulsar proyectos de ley para poner un freno a esta injusticia. Un fallo judicial que se dio en Rosario le prohibió a un progenitor moroso salir del país, suspendió su licencia de conducir y, además, le prohibió el ingreso al estadio de Newell’s Old Boys hasta que abonara la totalidad de los alimentos adeudados. Otro caso similar se registró en Córdoba, donde una jueza le prohibió el ingreso a la cancha de Belgrano a un deudor por considerar que el incumplimiento de la obligación del padre con la cuota alimentaria privaba a su hijo de un derecho esencial.
Organización del cuidado
La Universidad Nacional de Rosario a través del Área de Género y Sexualidades, viene desplegando acciones y políticas que abordan el problema de las desigualdades estructurales basadas en el género. En este marco, organizó el ciclo “Paternidades responsables”, que busca poner en el centro del debate el interés superior de las infancias y las adolescencias, promoviendo discusiones y generando herramientas concretas para erradicar las inequidades que se producen en relación con los cuidados y contar con mejores marcos normativos e institucionales para abordarlo comunitariamente.
El primer encuentro “Debates y propuestas en torno a la organización social del cuidado” estuvo a cargo de la Dra. Dora Barrancos quien abordó la paternidad y los derechos de las niñeces, señaló las raíces históricas y simbólicas del patriarcado y su impacto en la estructura social y familiar y enfatizó en los derechos de las infancias y mujeres como en el rol de la militancia feminista para su cumplimiento.
“La frase más común que se escucha es ‘ella se gasta todo’, gesticula con ironía la socióloga quien considera esa expresión un ejercicio de violencia. “Lo que necesitamos no es punir sino prevenir”, dice y presenta, ante un gran auditorio reunido en la sede de la Universidad Nacional de Rosario, una propuesta para atacar el problema de raíz: que la madre se presente en Anses con los documentos de sus hijos, declare que se separó y solicite la retención de la cuota alimentaria en la fuente, es decir en el salario del padre.
Sin embargo, este proyecto se topa con un inconveniente: el trabajo informal no registrado. Es estos casos, la investigadora sugiere que el indicador sea el producido económico, algo que la Afip, hoy Arca, puede realizar cruzando datos. En relación a los montos, existe un índice de crianza del Indec que se calcula teniendo en cuenta los gastos de vivienda, transporte, comida, vestimenta, útiles escolares y todo lo que necesitan para vivir los niños y adolescentes.
“Queremos que los hombres se hagan responsables de lo que hacen y una ley de retención en la fuente sería preventiva, se reducirían los juicios, sería un paso gigante”, afirma y subraya que Argentina es uno de los países donde este flagelo está más instalado y hay una imaginación permisiva a nivel social que permite atenuar esa actitud, con una cierta condescendencia. Nadie dice “es un padre irresponsable”. Para Barrancos, la Universidad tiene un papel fundamental en construir un sentido mayúsculo respecto de estos derechos fundamentales de las niñeces.
Periodista: Victoria Arrabal/Fotógrafa: Camila Casero
Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
