24 de marzo: ciencia para no delegar memoria
A cincuenta años del golpe cívico-militar, el negacionismo avanza mientras se desfinancian los organismos que intentan producir verdad. En el Litoral argentino, la educación y la ciencia dejaron registros concretos de lo que el terrorismo de Estado hizo en las aulas y en los cuerpos, y construyeron herramientas para restituirlo. Defender esas instituciones hoy es una de las condiciones para que la memoria colectiva no quede a merced de la velocidad y el algoritmo.
Vivimos en una época en que la información circula, se consume y se descarta rápido. Habitamos la era de lo puntual, donde la experiencia se atomiza y lo que no es inmediato se vuelve invisible. El reconocido sociólogo Zygmunt Bauman hablaba de una modernidad líquida donde nada se sedimenta, donde todo fluye y se evapora antes de poder ser asimilado. Hoy esa metáfora tiene una encarnación concreta: el contenido que consumimos dura menos de treinta segundos (un reel), las noticias se vuelven obsoletas en horas y los algoritmos deciden qué vemos.
En ese marco, preguntarse cómo se construye, circula y garantiza la veracidad de las memorias colectivas no es un ejercicio académico: es una necesidad política. La neurociencia y la psicología cognitiva llevan décadas documentando que la memoria no es un archivo pasivo sino una reconstrucción permanente, atravesada por lo emocional y lo racional, por lo que nos importa y por lo que nos enseñaron a valorar. La memoria que nos interesa es la que nos constituye como comunidad, la que forma lo que fuimos y da sentido a lo que somos. Es, en ese sentido, un campo de disputa permanente: hay quienes quieren vaciarla, reescribirla o simplemente dejarla caer en el olvido que produce la velocidad.
La memoria que convoca el 24 de marzo, a 50 años del golpe cívico-militar, no es individual ni utilitaria. No se trata sólo de recordar para no repetir errores, aunque ello sea importante. La historia misma parece sugerir, con cierta crueldad, que lo que circula es el movimiento pendular: que lo ‘bueno’ y lo ‘malo’ vuelven, que las conquistas se disputan y que las atrocidades encuentran nuevas formas de reproducirse. Pero la memoria no es fatalista: se construye, se argumenta, se defiende. Y para eso, la educación y la ciencia -dos pilares atacados durante la dictadura y también hoy desfinanciados y desvalorizados- son herramientas fundamentales.
La educación sitiada: lo que pasó en el Litoral
El sistema educativo fue uno de los primeros blancos del terrorismo de Estado. En la Universidad Nacional del Litoral (UNL), decenas de docentes fueron apartados de sus cargos por considerárselos subversivos. El aparato represivo ya se infiltraba en las aulas antes de que las tanques salieran a la calle. En el entonces Instituto Superior del Profesorado hoy -Facultad de Humanidades y Ciencias- militares ingresaron por bedelía y se instaló en el cuerpo de preceptores. No se trataba solo de vigilar, sino de disciplinar, de generar miedo, de desarticular cualquier pensamiento ‘subversivo’. La Escuela Industrial Superior, dependiente de la UNL, también fue blanco de la represión. Su director, Alberto Barber, fue secuestrado y continúa desaparecido. Como él, muchos estudiantes y docentes fueron secuestrados, torturados y asesinados. La investigación de Natalia García, autora de La educación clandestina. Espiar, colaborar y depurar (Santa Fe, 1966-1983), reconstruyó ese entramado a partir de expedientes conservados en el Archivo de la Memoria de Santa Fe: un circuito de espionaje que involucró a directivos, docentes y estudiantes, parte de un dispositivo mayor diseñado para eliminar el pensamiento crítico del sistema educativo. En Entre Ríos, la represión tuvo características similares. La Facultad de Ciencias de la Educación (Universidad Nacional de Entre Ríos -UNER-) en Paraná fue intervenida: se desplazó a la decana, se modificaron los planes de estudio bajo censura y se persiguió a estudiantes, muchos de los cuales fueron desaparecidos.
Pero las instituciones resistieron y, con el tiempo, investigaron. La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) inició una política concreta que traduce esa historia en compromiso pedagógico: Derechos Humanos es materia obligatoria en todas sus carreras. No es un gesto simbólico. Es el resultado de una lucha que comenzó en los años noventa, cuando un grupo de docentes logró instalar esa asignatura en los institutos terciarios entrerrianos. Esa conquista transformó la memoria en política institucional.
La memoria, sin embargo, no se sostiene solo con declaraciones de principios. Un ejemplo concreto de esa convicción es el libro Vida cotidiana y dictadura. Narrativas, territorialidad y huellas de memoria (Editorial UADER, 2025), compilado por María del Rosario Badano y Virginia Pisarello con un equipo interdisciplinario de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. La investigación reconstruye, a partir de testimonios, archivos locales y expedientes de juicios de lesa humanidad, cómo el terrorismo de Estado reorganizó la vida cotidiana en ciudades entrerrianas como Paraná, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, desafiando el mito de que la represión feroz fue exclusiva de Buenos Aires. Sus páginas documentan que la dictadura fue un sistema deliberado que buscó disciplinar todos los aspectos de la existencia: las aulas, los medios de comunicación, las plazas, los cuerpos. Lo que vuelve a este trabajo especialmente potente es su atención a lo cotidiano y su anudamiento con organizaciones comunitarias como La Solapa y el Museo de la Memoria Popular de Gualeguaychú. La investigación no mira atrás para anclarse en la nostalgia, produce conocimiento situado para interpelar el presente.
La ciencia que restituye identidad: el índice de abuelidad
En Argentina existe un ejemplo paradigmático de lo que esta puede hacer cuando se pone al servicio de la verdad y la justicia: el índice de abuelidad. En la clandestinidad de los centros de detención, la dictadura perpetró un crimen de lesa humanidad que durante años permaneció oculto: el robo sistemático de bebés. Las mujeres embarazadas eran mantenidas con vida hasta el parto y luego asesinadas, mientras sus hijos e hijas eran entregados a familias apropiadoras, muchas veces vinculadas a las propias fuerzas represivas. Se estima que unos 500 niños y niñas fueron arrancados de sus familias y convertidos en botín de guerra. Sus identidades fueron quitadas junto con las de sus padres y madres.
Frente a esa destrucción identitaria, las Abuelas de Plaza de Mayo convirtieron su demanda de justicia en una pregunta científica. En 1980, cuando aún no existían métodos para establecer parentescos en ausencia de la generación parental, acudieron a la comunidad científica internacional con una consulta precisa: ¿podía determinarse el vínculo biológico entre un niño o niña y sus abuelos? La genetista estadounidense Mary-Claire King junto a Víctor Penchaszadeh, Eric Stover y Cristián Orrego, asumieron el desafío y desarrollaron lo que hoy conocemos como el índice de abuelidad, un método que utiliza marcadores genéticos para calcular la probabilidad de parentesco con una certeza del 99,99 %, lo que permitió que la justicia lo aceptara como prueba pericial.
La primera restitución de identidad que incorporó este análisis fue en 1984, con el caso de Paula Eva Logares. Desde entonces, 133 nietos y nietas recuperaron su identidad gracias a esa herramienta, hoy estándar mundial. El desarrollo del índice de abuelidad no fue solo un hito científico: fue el resultado de una articulación entre la demanda de justicia de un movimiento social y el conocimiento técnico especializado. Las Abuelas también lograron la creación por ley, en 1987, del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo autónomo que almacena los perfiles genéticos de familiares de desaparecidos y de personas que sospechan haber sido apropiadas, garantizando que la búsqueda continúe más allá de la vida de las propias abuelas.
En paralelo, impulsaron el desarrollo de la antropología forense en Argentina. A mediados de los años ochenta, el trabajo conjunto con arqueólogos y antropólogos dio origen al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que desde entonces aporta pruebas clave en los juicios por crímenes de lesa humanidad y contribuye a identificar los restos de cientos de desaparecidos.
Estos no son solo logros académicos. Son casos concretos que demuestran cómo la ciencia genera condiciones de posibilidad para que la memoria se active en el cuerpo, en el nombre, en la historia familiar que alguien puede finalmente reclamar como propia. El índice de abuelidad no es neutral, es ciencia con sentido ético, ciencia que eligió a quién aportar y que se convirtió en herramienta de soberanía y reparación.
Producir conocimiento para no delegar la memoria
Hoy, cuando la información circula en formatos de menos de treinta segundos y los algoritmos deciden qué vemos y qué ignoramos, la pregunta por cómo construimos y circulamos las memorias es central. ¿En quién delegamos el poder de recordar? ¿Qué recordamos y qué olvidamos? ¿Cómo hacemos para que aquello que constituye la memoria no sea apenas un contenido más que se consume y se descarta? Todo ello está atravesado por lo que decidimos investigar, por lo que nos enseñaron, por lo que elegimos transmitir. Delegar ese poder es ceder algo mucho más profundo que un dato: es ceder el relato de quiénes somos.
Por eso la educación y la ciencia no son solo ámbitos de formación profesional, son espacios donde se define qué memorias se sostienen y cuáles se abandonan. En la UNL, en la UNER, en la UADER, hay hoy equipos de investigación que producen conocimiento riguroso sobre lo que pasó durante la dictadura. Hay historiadores que reconstruyen expedientes de inteligencia, antropólogos que recuperan restos de desaparecidos, genetistas que restituyen identidades, cartógrafos que señalan lugares de la memoria en las ciudades donde vivimos.
Esa producción de conocimiento sostiene el trabajo minucioso de la prueba, el archivo y la argumentación. Frente al avance del negacionismo -que relativiza los crímenes de la dictadura y halla hoy condiciones favorables en el desfinanciamiento del sistema científico y la educación pública- la ciencia y la universidad ofrecen algo que los algoritmos no pueden: la posibilidad de decir, con fundamento, eso no es cierto.
No hay democracia sin derechos humanos. No hay derechos humanos sin memoria. Y no hay memoria, colectiva y verdadera sin ciencia pública, ni sin una educación que forme ciudadanos capaces de preguntar, de dudar y de exigir verdad. En este 24 de marzo, cuando se cumplen 50 años del golpe, la memoria sigue siendo un campo de disputa. Pero también es una práctica concreta, la de los docentes que llevan los derechos humanos al aula, la de los investigadores que reconstruyen el pasado, la de las Abuelas que no dejaron de buscar. Educar, construir y comunicar conocimientos para no delegar la memoria es, en definitiva, defender la democracia.
