El sistema científico-tecnológico argentino vivió un año particularmente negativo. Las decisiones del gobierno nacional han generado una profunda crisis en el sector. El desfinanciamiento y la falta de políticas concretas, complican el futuro de la comunidad académica y científica nacional.
Instituciones bajo ataque
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), histórica institución en la investigación agrícola, está en proceso de desmantelamiento. A la renuncia de su presidente, se le suma la pérdida de autonomía institucional, auditorías a sus edificios y un programa de retiros voluntarios que ya ha afectado a 250 trabajadores.
La intervención y los recortes presupuestarios amenazan la continuidad de proyectos de investigación estratégicos para el desarrollo agroindustrial del país, debilitando capacidades de innovación en un sector clave para la economía argentina.
En el ámbito universitario, la situación no ha sido menos compleja. Las universidades públicas han enfrentado un escenario de crisis por una restricción presupuestaria que compromete severamente su funcionamiento.
En 2024, continúan operando con el mismo presupuesto de 2023 a pesar de un incremento inflacionario que duplica los costos, lo que se evidencia en gastos como electricidad que pasaron de $420.000 a $1.700.000. Además, los salarios del personal universitario permanecen prácticamente congelados, sin paritarias y sin nueva contratación de personal, limitando el crecimiento institucional y la capacidad de atender el incremento de estudiantes y nuevas actividades académicas.
Los recortes han impactado directamente en líneas de investigación, infraestructura y posibilidades de desarrollo de nuevos proyectos, limitando la capacidad de sostener los espacios de docencia, extensión y la generación de conocimiento y transferencia tecnológica.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) atraviesa posiblemente la crisis presupuestaria más profunda de su historia reciente. El recorte del 37% respecto a 2023, ha desencadenado el despido de trabajadores, la interrupción de carreras de investigación y la discontinuidad de nuevas convocatorias.
Los investigadores enfrentan una realidad de pocos recursos, lo que ha intensificado un proceso de fuga de cerebros. Numerosos científicos de alta calificación han optado por buscar oportunidades en el exterior, erosionando el capital humano altamente especializado de Argentina.
Como si fuera poco, el recorte presupuestario es acompañado por persecución política e ideológica, como denunció un ex miembro del directorio de CONICET:
Manuel García Solá habló sobre su salida del directorio de CONICET en el Gobierno de Milei
Este escenario no solo afecta a investigadores individuales, sino que compromete la continuidad de líneas de investigación cruciales y la formación de nuevos científicos, poniendo en riesgo el desarrollo científico-tecnológico del país.
A todo esto se suma que las políticas de federalización de la ciencia, que venían construyéndose en años anteriores, han sufrido un freno significativo. Iniciativas que buscaban descentralizar la producción científica y fortalecer capacidades en provincias y regiones menos desarrolladas han sido prácticamente desmanteladas, concentrando aún más los recursos en centros tradicionales.
La política y la realidad
Estas políticas representan más que simples decisiones administrativas: constituyen una amenaza estructural para el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. La reducción sistemática de recursos, la incertidumbre generada y el desmantelamiento de instituciones estratégicas comprometen las capacidades de desarrollo científico de corto pero más aún de mediano y largo plazo.
El balance del primer año de gestión del actual gobierno nacional en materia científica configura un panorama más que preocupante. Los principios de inversión, desarrollo y sostenibilidad del sistema científico parecen subordinarse a una lógica de ajuste irracional e insensible que podría tener consecuencias irreversibles para la capacidad innovativa, productiva y tecnológica argentina.
En los últimos años, Argentina venía desarrollando iniciativas estratégicas para fortalecer su sistema científico-tecnológico, como la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que busca incrementar progresivamente el presupuesto nacional hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032, y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que define políticas públicas integrales atendiendo a las particularidades de cada provincia y región, diseñando un horizonte de desarrollo científico con perspectiva federal.
El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, organizado de manera federal e integrado por instituciones públicas y privadas como CONICET, ANPCyT, INTI, INTA, CNEA y universidades, ha impulsado además programas que buscan democratizar la ciencia través del acceso, formación y participación ciudadana, tales como los Proyectos de Cultura Científica, el Programa Ciencia Ciudadana y propuestas como «Ciencia y Tecnología contra el Hambre», consolidando un modelo de producción científica que integra instituciones, investigadores y sociedad en la construcción de conocimiento colectivo.
Las universidades, instituciones históricas con 61 unidades nacionales en todo el país y más de 2.5 millones de estudiantes, representan mucho más que centros educativos: son espacios que contribuyen al desarrollo cultural, económico y social a través de sus tres funciones sustantivas (docencia, investigación y extensión).
La educación y la ciencia son claves para el desarrollo social y el crecimiento nacional. Son derechos humanos esenciales que posibilitan formar una ciudadanía crítica, generar conocimientos, mejorar la calidad de vida y resolver problemas complejos, constituyendo una inversión estratégica y no un gasto, cuyo valor trasciende la lógica de mercado. El Estado es responsable de garantizar el acceso a una educación de calidad y promover la investigación como base de una sociedad más justa, equitativa y próspera. Para ello son necesarias políticas que jerarquicen y garanticen la concreción de planes y leyes sobre CyT.
La ciencia y la tecnología constituyen los pilares fundamentales de la soberanía nacional, representando mucho más que meras actividades académicas: son estratégicas para el desarrollo integral de un país, transforman realidades, resuelven problemas estructurales y generan conocimientos para la sociedad argentina.
Frente a las políticas de vaciamiento y desmantelamiento del actual gobierno, que reducen la inversión científica a una simple ecuación presupuestaria, es menester reafirmar la democratización del saber como un derecho ciudadano y un compromiso ético con el futuro. La producción de conocimiento científico debe construirse para el desarrollo tecnológico, con perspectiva federal y como proyecto colectivo que trascienda los intereses económicos inmediatos y apueste a la transformación social.
