¿De qué trabaja una persona que hace ciencia?
La pregunta parece sencilla. Una persona que hace ciencia trabaja de científica. La respuesta es tan obvia que bordea la tautología y, sin embargo, en la Argentina de 2026, esa obviedad se convirtió en una contradicción: muchos profesionales de la ciencia y la tecnología hoy trabajan paralelamente en otra cosa. Vale la pena detenerse en esta paradoja porque resulta el síntoma más preciso de una política científica que desfinancia sistemáticamente el conocimiento mientras espera que ese conocimiento siga produciéndose, circulando y siendo útil para la sociedad.
Qué hace alguien que investiga
La respuesta varía según la disciplina, y esa variación es en sí misma parte del argumento.
Un biólogo molecular trabaja con organismos vivos, analiza secuencias genéticas, interpreta resultados, escribe artículos que somete a revisión de pares y eventualmente publica en revistas especializadas. Un físico experimental diseña instrumentos de medición, controla variables, repite ensayos, ajusta hipótesis. La imagen del científico con guardapolvo blanco frente a tubos de ensayo captura apenas una fracción de lo que implica producir conocimiento científico.
Las ciencias sociales amplían ese mapa y con frecuencia resultan menos visibles en la imaginación pública sobre lo que «es» la ciencia. El trabajo de un sociólogo implica diseñar instrumentos de relevamiento, aplicar encuestas o entrevistas, sistematizar relatos, construir categorías analíticas e interpretar datos cualitativos y cuantitativos para elaborar explicaciones sobre por qué las sociedades funcionan como funcionan. Un economista modela relaciones entre variables, proyecta tendencias y analiza los efectos reales de las políticas públicas sobre la distribución del ingreso. Una politóloga estudia los mecanismos de las instituciones democráticas y las condiciones bajo las cuales los sistemas de representación se sostienen o se erosionan. Un antropólogo pasa meses en distintos terriotorios, contextos y espacios registra prácticas culturales y construye etnografías que permiten comprender mundos sociales desde adentro. Una historiadora cruza archivos, analiza fuentes, reconstruye contextos y ofrece marcos temporales para entender el presente.
Todas esas personas hacen ciencia. Someten sus hallazgos a la crítica de otros investigadores. Producen conocimiento que puede ser revisado, cuestionado, ampliado. Y todas ellas comparten, en Argentina, una misma condición estructural: sus salarios no alcanzan para vivir.
Situación crítica
El sistema universitario y científico-tecnológico argentino invierte, según datos de Argendata, el equivalente al 0,55% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. El promedio de los países de ingresos altos destina el 2,66%. El promedio de los países de ingresos medios llega al 1,30%. La Academia Nacional de Ciencias documentó que el presupuesto efectivamente ejecutado para ciencia y tecnología se acerca al 0,3% del PBI, lejos de la meta del 1% establecida en la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sancionada en 2021.
Sobre ese piso bajo se acumularon recortes nominales concretos: reducción del 12% en los salarios de investigadores y técnicos del CONICET, cancelación de contratos con editoriales científicas internacionales, paralización de grandes equipamientos -microscopios de alta resolución, espectrometría de masas, computación de alto desempeño- e incumplimiento de los contratos vinculados a Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica ya evaluados y aprobados por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación. En abril de 2026, el Poder Ejecutivo interpuso un Recurso Extraordinario Federal para impugnar judicialmente la medida cautelar que lo obliga a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, cuestionando específicamente los artículos que establecen la actualización salarial de docentes y no docentes.
El resultado de esas decisiones presupuestarias es un sistema que funciona porque sus integrantes lo sostienen con recursos propios: tiempo propio, energía propia e ingresos de otras fuentes.
Lo que se pierde
Cuando una persona que investiga dedica la mitad de sus horas a trabajos que le permiten pagar el alquiler, pierde algo que el sistema científico recupera con dificultad: concentración. La producción de conocimiento riguroso requiere tiempo ininterrumpido para leer, para pensar, para diseñar experimentos o instrumentos de campo, para escribir con la densidad que una hipótesis bien argumentada exige. El pluriempleo fragmenta ese tiempo en pedazos que resultan insuficientes para el trabajo intelectual profundo.
La pérdida más costosa, con todo, es la de los investigadores que abandonan el sistema. La Academia Nacional de Ciencias advirtió sobre la pérdida progresiva de talento humano como consecuencia del desfinanciamiento. Los profesionales formados durante años con recursos públicos -en universidades nacionales, con becas de CONICET, con acceso a equipamientos financiados colectivamente- toman la decisión de emigrar hacia países que invierten en ciencia, o hacia el sector privado que paga salarios acordes a la formación de posgrado. Cada investigador que se va lleva consigo años de formación que la sociedad argentina financió y que el sistema no recupera en el corto plazo.
El Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) documentó que más del 70% de la producción científica del país se origina en el sistema universitario público. Reducir ese sistema implica reducir la capacidad del país para producir el conocimiento que sus propias necesidades demandan. La Academia Nacional de Ciencias fue explícita al respecto: el desfinanciamiento de la ciencia condena al país a la dependencia tecnológica.
Comunicar la ciencia para defenderla
Frente a ese cuadro, la comunicación pública de las ciencias emerge como una herramienta que trasciende la divulgación en sentido estricto. Comunicar ciencia, en el contexto argentino actual, constituye también un acto de defensa del sistema que la produce.
La Comunicación Pública de las Ciencias (CPC), en todas esas formas, construye el vínculo entre la sociedad y las instituciones que producen conocimiento. Ese vínculo resulta estratégicamente relevante cuando el desfinanciamiento de la ciencia se presenta como una medida de austeridad razonable. Cuando la ciudadanía comprende qué produce un sistema de investigación -qué vacunas surgieron de laboratorios universitarios, qué variedades de cultivo desarrolló el INTA, qué diagnósticos mejoraron gracias a equipamientos financiados colectivamente, qué políticas públicas se diseñaron mejor gracias a investigaciones en ciencias sociales- la discusión presupuestaria deja de ser una disputa entre especialistas y se convierte en una deliberación sobre prioridades colectivas.
La CPC hace visible lo que el sistema produce. Y lo que el sistema produce, en Argentina, justifica ampliamente la inversión que se le reclama. El problema estructural es que la ciencia rara vez se defiende a sí misma en los espacios donde se toman las decisiones de financiamiento. Los investigadores están ocupados haciendo sus otros trabajos.
La pregunta inicial -¿de qué trabaja una persona que hace ciencia?- tiene entonces una respuesta compuesta. Trabaja de investigadora, de docente, de extensionista, de tutora, de evaluadora. Y trabaja, además, de traductora, de consultora, de docente de nivel medio, de conductora de aplicación, de vendedora por redes sociales. Hace todo eso en el mismo cuerpo, en la misma semana, con el mismo sistema nervioso que el sistema científico-tecnológico necesita en condiciones para producir el conocimiento que el país requiere.La magnitud de esa paradoja debería ser parte del debate público. Comunicarla también es una forma de hacer ciencia. Y hoy, en Argentina, resulta una de las más urgentes.
